Esquizofrenia en SENASA (parte 2)

“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”

Retomando la situación de esquizofrenia que prevalece en nuestro organismo e involucra a toda una masa de trabajadores que están inmersos en una ‘disociación’ de la realidad laboral, no podemos obviar la cuestión jurídica que opera como marco legal en esta coyuntura.

La realidad que disociamos o, dicho de otra manera, que fragmentamos, también nos fragmenta a nosotros mismos generando una individualización de la conflictividad social, contraria a la representación colectiva que ha permitido y permite el logro de notables conquistas laborales y sociales.

Este marco legal es el que permite la subsistencia de mecanismos de contratación contrarios a lo que la ley estipula. Según la Constitución Argentina, existen dos regímenes laborales: el público y el privado. Ambos poseen características que los diferencian; por ejemplo, para el régimen público, la estabilidad laboral es absoluta ya que no se puede ejecutar un despido salvo justa causa, y esta cláusula no puede ser reemplazada por una indemnización; por el contrario, para el régimen laboral privado la estabilidad es relativa, ya que el despido puede aplicarse sin justa causa, pero acompañado de la correspondiente indemnización.

En el Estado empleador no existe la figura de ‘contrato’ ya que entre el Estado y el trabajador lo que existe es una ‘relación laboral’. Por lo tanto, dicha relación no se enmarca en los parámetros de la Ley de Contratos de Trabajo que rige la actividad privada, la cual no es aplicable a los trabajadores dependientes de la administración pública nacional, provincial o municipal.

Pareciera que la línea entre lo público y lo privado, en nuestro organismo, se desdibujó… El menemismo fue quien instauró e inauguró la aplicación de mecanismos de contratación en el ámbito de la administración pública. El caso más relevante, en términos de cantidad de personal regido por este contrato, es el art. 9. Este artículo corresponde a la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional, que entró en vigencia durante la década del ‘90: “Artículo 9ºEl régimen de contrataciones de personal por tiempo determinado comprenderá exclusivamente la prestación de servicios de carácter transitorio o estacionales, no incluidos en las funciones propias del régimen de carrera, y que no puedan ser cubiertos por personal de planta permanente. El personal contratado en esta modalidad no podrá superar en ningún caso el porcentaje que se establezca en el convenio colectivo de trabajo, el que tendrá directa vinculación con el número de trabajadores que integren la planta permanente del organismo. Dicho personal será equiparado en los niveles y grados de la planta permanente y percibirá la remuneración de conformidad con la correspondiente al nivel y grado respectivo. La Ley de Presupuesto fijará anualmente los porcentajes de las partidas correspondientes que podrán ser afectados por cada jurisdicción u organismo descentralizado para la aplicación del referido régimen.

Contrariamente a lo establecido, nuestro Convenio Colectivo de Trabajo establece un máximo del 15% de contratados bajo esa modalidad, cuando es empíricamente comprobable que en nuestro organismo ese porcentaje es ampliamente superior, y los trabajadores y trabajadoras con art. 9 no prestan servicio de carácter transitorio… Asimismo, el Estado ha incorporado trabajadores a través de vínculos con terceros, que hacen las veces de ‘patrones’ de trabajadores estatales.

El vacío legal que genera esta situación surge cuando, contradictoriamente con la ley, una persona que aporta su fuerza de trabajo al Estado es contratado/a por un tercero, ya sea una fundación, un organismo internacional, o un programa nacional. Entonces el Estado no sólo terceriza la contratación de trabajadores, lo que implica no hacerse cargo de esa ‘relación laboral’, sino que avala el cercenamiento de los derechos laborales de aquellas personas que tienen que convertirse en ‘trabajadores independientes’ facturando como monotributistas, cuando lo que verdaderamente existe es una relación de dependencia encubierta.

 Por lo tanto, la figura de monotributista exime al empleador no sólo de las cargas sociales (aportes jubilatorios, obra social, asignaciones, etc.) sino que también impide al trabajador gozar de los derechos que debería tener por estar ejerciendo sus funciones en la administración pública:

Esto genera precarización laboral. Aunque muchos de los mecanismos que rigen la actividad de la gestión pública deban ser objeto de evaluación y transformación a fin de desarrollar y fortalecer el aparato burocrático como soporte fundamental de la organización institucional del Estado, esto no quita la necesidad imperante de hacer valer los derechos obtenidos. Y esto implica lisa y llanamente que el Estado sea quien, por primacía, respete los derechos de sus trabajadores y trabajadoras.

¡RECLAMAMOS EL PASE A PLANTA PERMANENTE DE TODO EL PERSONAL CONTRATADO!

Sí, podés organizarte.

Sí, podés afiliarte.

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